Cuatro largas décadas después de su entrada en funcionamiento por tramos, la Autopista del Atlántico sigue levantando serias controversias y polémicas que se están llevando a sus partes más extremas. Para nosotros la AP-9, que enlaza el norte desde Ferrol y el sur de Galicia y la frontera con Portugal, ha sido una camino de rapidez y acercamiento que se tardó más de treinta años en su finalización.

Fue mucho lo que escribí y comenté sobre este trazado que nos otorgaba una forma de circular más rápida y que para muchos fue una auténtica navajada –unha navallada– en la piel terráquea de Galicia. Otros consideraban que era una forma de enlazar a mayor velocidad las grandes urbes de la comunidad autónoma, pero a un costo demasiado elevado en forma de peajes.

Recuerdo aquel mes de abril del año 1979 cuando un grupo de periodistas –en aquel momento yo pertenecía a la plantilla de Faro de Vigo como delegado en Santiago–, políticos y autoridades, viajamos en autobús desde Compostela a Coruña para comprobar directamente cómo habían quedado las obras de un tramo de vía rápida que fuera muy controvertido con el paso de los años. Cuando retornamos a Santiago donde se abrió el peaje para los vehículos, un letrero a pie de autopista señala la distancia que  faltaba para llegar a Vigo y Portugal. Finalicé mi reportaje con una pregunta: ¿Cuándo se produciría el enlace final? Tuvieron que pasar muchos años para que la autopista cubriera todos los tramos que se habían previsto. Los más problemáticos fueron entre Santiago y Pontevedra.

El eje vertebrador de la vía rápida gallega está en tela de juicio ya que la Comisión Europea considera como ilegales las prórrogas que ejecutivos españoles hicieron sobre la AP-9.La última con una duración que se extiende hasta el año 2048.Desde Bruselas se argumenta que la ampliación de la concesión se otorgó sin un proceso de licitación pública, como exige la legislación europea. Por ello dan un plazo de dos meses para entablar negociación con la Comisión Europea. 

De aquellas épocas en las que obras de la autopista eran interrumpidas por movimientos ciudadanos, con partidos políticos de la izquierda al frente, recordando el daño que se registraba al ecosistema con un trazado que, se decía, cortaba a los pueblos por la mitad, ahora se ha pasado a la reivindicación para que la vida rápida de Galicia sea transferida y de este modo desaparezcan los peajes. Una reivindicación total que llevan a cabo los colectivos de transportistas que piden se les devuelvan los peajes pagados en los últimos años. Lo que se considera un rescate para la Xunta de Galicia, que es lo mismo que recibir la transferencia y poner coste cero para los usuarios, es una operación, según el Ministerio de Transportes, que puede superar los 6.000 millones de euros.

Soy de los que creo que los gallegos no podemos estar en inferioridad de condiciones en las  carreteras de alta velocidad como ocurre en el País Vasco y Cataluña, en lo relativo al pago de peajes. La negociación política es necesaria. Y las partes implicadas –Europa, Galicia y España–, tienen que alcanzar un acuerdo, una situación satisfactoria para todos, pero que no implique tocar el bolsillo de los gallegos con  nuevos impuestos.