¡Es la campaña, estúpido!

Aveces causa sonrojo el cariz que toman las cada vez más cruentas (pre)campañas electorales españolas. Quizá usted ni haya reparado en ello, enterrados como estamos en noticias de verdadera trascendencia en lo internacional y en lo económico; pero por ejemplo en Madrid, que es el terreno que todos quieren conquistar o mantener conquistado, se producen rifirrafes de auténtica vergüenza. Porque Madrid es el máximo exponente de una crispación desde luego no en todas partes tan perceptible como en la Villa y Corte.
 

Y así, andamos ahora envueltos en una polémica acerca del cobro por parte del vicepresidente autonómico, Enrique Ossorio, del bono energético, ayuda que asciende a una cantidad inferior a doscientos euros anuales. Lo peor es que quien lanzó la acusación contra el ‘popular’ Ossorio fue la máxima responsable de la formación de Iñigo Errejón en Madrid, Mónica García. A quien, tras haber lanzado los más duros improperios -”indecente, sinvergüenza”- por el hecho de que Ossorio cobrase, sin tener necesidad económica alguna, ayudas oficiales, por cierto no solicitadas pero sí otorgadas, se le descubrió que ella, a través de su marido, también se beneficiaba de idéntica y ciertamente mínima ayuda.
 

Si usted vive fuera de la Comunidad de Madrid, probablemente no habrá tenido que soportar los intercambios de florituras dialécticas que este pasaje ha provocado entre PSOE, Podemos, PP y Más Madrid, que es la formación de doña Monica. Como si la corrupción se encarnase en una ayuda, destinada en principio a consumidores económicamente vulnerables, de alrededor de ciento treinta (130) euros anuales. O de trescientos, que es la que percibía el ‘número dos’ del PP madrileño, Alfonso Serrano, por encontrarse teóricamente en una precaria situación dineraria, lo que en absoluto ocurre, puesto que su patrimonio familiar y su sueldo son elevados.
 

Vaya por delante que tanto Ossorio y Serrano como Mónica García, que alegó desconocer que su marido cobraba el bono, deberían de entrada haber renunciado al por otro lado minúsculo pago , más por una cuestión estética y de ejemplaridad que ética. 
 

Vaya también por delante que la normativa estaba mal hecha por el legislador, lo que ya no debería extrañar a nadie: estas ayudas no habrían, reconocen ahora , tarde, todos, ser universales, sino destinadas solamente a los menos favorecidos, circunstancia que no concurre en los casos de Ossorio, Serrano y García. Y también habría que alegar que estas ayudas universales, si se dan las circunstancias -por ejemplo, ser familia numerosa- se conceden sin que deban solicitarse, lo que también es un error del legislador a mi juicio.
 

Pero esto, cuando estamos conociendo las ramificaciones del ‘caso Tito Berni’ o del ‘cuarteles’, no puede llamarse corrupción ni debería generar unas polémicas parlamentarias llenas de insultos y dignas de mejor y mayor causa. Siempre he negado que la política española sea, pese a la proliferación de casos que, con razón, escandalizan a la gente, corrupta en su generalidad. Que es algo que los propios políticos deberían asumir antes de lanzarse piedras entre ellos.

¡Es la campaña, estúpido!

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