La Xunta ha celebrado este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea haya despejado "toda duda" sobre las autorizaciones eólicas al avalar el procedimiento de evaluación ambiental llevado a cabo en los proyectos nuevos o de parques ya existentes.

Tras asistir a la lectura pública de la resolución judicial, la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, ha dicho que le da "la razón" al Gobierno gallego al dictaminar que los países de la UE no están obligados a permitir observaciones públicas tras los informes realizados por las autoridades competentes sobre la evaluación del impacto ambiental de un proyecto.

La sentencia se refiere a un caso planteado por la construcción del parque eólico 'A Raña III', ubicado en el municipio coruñés de Mazaricos. La asociación ecologista Petón do Lobo recurrió la autorización dada para la construcción de ese parque por parte de la empresa Eurus Desarrollos Renovables.

Según la corte con sede en Luxemburgo, es compatible con la legislación europea una ley nacional que disponga que, en la evaluación del impacto ambiental de un proyecto, las autoridades que puedan verse afectadas sean consultadas al mismo tiempo que el público interesado, sin que este último pueda presentar después sus observaciones sobre los dictámenes emitidos.

La representante autonómica ha aplaudido en un comunicado que la justicia europea fije "con claridad" su criterio y considera que el fallo garantiza la seguridad jurídica que exigen el Ejecutivo de Alfonso Rueda y el sector en sí para desbloquear la "parálisis sin precedentes" que sufre Galicia e impulsar la implantación de renovables en el territorio para avanzar en transición energética y descarbonización.

La situación del sector eólico en la comunidad es, en sus palabras, "única en todo el país" pues en ninguna otra autonomía hay "bloqueo judicial sistemático a este tipo de proyectos, algo inédito también en el resto de Europa donde, de hecho, la implantación de renovables está declarada de interés público superior".

La Xunta dice en la nota que en los más de once años de vigencia de la ley de evaluación ambiental estatal, ningún tribunal español albergó dudas sobre si el procedimiento fijado en la norma se ajustaba al derecho comunitario y que fue el Tribunal Superior de Justicia gallego el primero en cuestionarlo a través de "sucesivos pronunciamientos" sobre las autorizaciones eólicas otorgadas.

Y ello "haciendo una interpretación propia".