Prudencia. Esa es la postura adoptada por los grupos de la corporación de Carballo ante las posibles indemnizaciones económicas que podría tener que pagar el Concello por el cierre de la gasolinera de la calle Poniente. 

Tras el cese de actividad de la estación de servicio el pasado día 11, el concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, compareció voluntariamente en la sesión celebrada la tarde del lunes para aclarar los términos de la sentencia judicial. El concejal explicó el trámite administrativo que se siguió y el posterior proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo y derivó el pasado noviembre en una sentencia firme que anulaba la licencia municipal y ordenaba el cierre definitivo de las instalaciones. 

Seoane defendió que en el procedimiento de concesión de la licencia en 2014 no hubo ninguna irregularidad. “Foi unha licenza que se deu como todas as licenzas que se dan en Carballo. Son procedementos regrados e os informes dos técnicos eran todos favorables. Ningún dos técnicos, nin o arquitecto nin o secretario municipal, apreciaron nada irregular nin ningún matiz na concesión”, señaló el concejal. 

“A criterio dos técnicos era unha licenza que tiñamos que dar. Nós confiamos sempre no que din os técnicos e das miles de licenzas que se dan este é un caso único. Agora seguimos confiando no criterio dos técnicos municipais”, insistió. 

No obstante, explicó, unas empresas y personas recurrieron la decisión municipal “e o xulgado entendeu que non se podía dar a licenza”. El resultado es que desde todas las instancias se confirmó el fallo judicial y ahora el Concello se enfrenta a posibles indemnizaciones. 

Es algo que casi dan por hecho desde el gobierno municipal. “Entendemos que haberá algún tipo de reclamación patrimonial por parte dos afectados”, indicó Seoane, pero no se aventura a hacer valoraciones o suposiciones de a cuánto podrían ascender las demandas, algo que solo podrán establecer los afectados. 

Por ahora no se ha presentado ninguna reclamación  al Concello, pero los afectados tienen hasta noviembre para hacerlo –un año desde que el fallo se hizo firme–. En el momento en el que se conozcan los términos de la demanda “haberá que analizalos, ver se se corresponde coa realidade e aceptala ou non. Se non se acepta, entendo que se seguirá un procedemento xudicial”, insiste Seoane quien augura que “será un procedemento longo”.  “Ata que non saibamos algo máis, non hai nada que podamos facer”, zanja. 
 

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, manifestó al respecto que desde el grupo municipal  “non imos facer conxecturas de algo que ou sabemos como vai acabar. Non é o momento porque non hai ningún dato novo”, refiriéndose a la información que ya se les hizo llegar del gobierno municipal en la junta de portavoces. 
 

“Entendemos que os afectados si van pedir unha compensación por unha licenza que non se debeu dar, pero cando saibamos o que vai custar aos carballeses, pediremos as responsabilidades políticas”, aseveró. De hecho, Lorenzo hace hincapié en que sí deben depurarse responsabilidad políticas y que el gobierno municipal no puede excusarse en los informes técnicos. “Alguén ten que asumir as responsabilidades”, insistió. 
 

El portavoz popular también tuvo críticas para el PSOE a quienes acusó de “querer facer ruído co tema”, cuando “os portavoces estivemos informados en todo momento”. Por eso, subrayó que no era necesario celebrar un pleno extraordinario monotemático para abordar el asunto. 
 

Desde la agrupación socialista, la portavoz Mari Carmen Vila expresó que la intención de la formación era que no solo los portavoces sino que todos los vecinos conocieran la situación y las “previsibles, probables e posibles” consecuencias que tendrá para el Concello, aunque por el momento no existe ninguna reclamación económica. 
 

Además de la comparecencia de Seoane, en el pleno se abordaron otras cuestiones que fueron aprobadas por unanimidad, como los festivos locales de 2026, las bonificaciones fiscales para dos empresas y la cesión a la Xunta de una parcela para construir vivienda pública.