La CIG denunció la situación de “indefensión y abandono institucional” que están sufriendo entre 10 y 12 trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Carballo, tras ser identificadas por la Consellería de Sanidade como contactos estrechos de un caso confirmado de hepatitis A. Desde la central sindical reclaman el establecimiento de un plan de actuación coordinado ante alertas sanitarias en el servicio para garantizar la protección real de las personas trabajadoras que atienden a la población más vulnerable.
Las afectadas, cuyo número exacto se desconoce, ya que la empresa no lo facilitó a la representación legal de las trabajadoras ni comunicó lo ocurrido al propio Concello, recibieron un escrito oficial del Servicio de Alertas Epidemiológicas en el que se les indicaba que debían acudir al servicio de prevención de riesgos laborales de su empresa. Sin embargo, la concesionaria del SAF en Carballo, derivó la responsabilidad al Sergas, indicando que se trataba de un problema de salud pública.
En la central sindical consideran que lo que está ocurriendo es un ejemplo más de la situación de “absoluto abandono” en la que se encuentran las trabajadoras del SAF, no solo por parte de las empresas, sino también del máximo responsable del servicio, la Xunta. Y ponen también el foco en la “irresponsabilidad” con la que actúan la mutua y la empresa, “que las sigue mandando a trabajar, aunque, a día de hoy, ninguna de las afectadas ha sido evaluada por un servicio médico”.
En este sentido, recuerdan que siguen a la espera de mantener una reunión, tanto con responsables de la Administración gallega como de la Fegamp, con el fin de establecer un protocolo de riesgos tras el reciente asesinato de una trabajadora del SAF de O Porriño.
Por tanto, exigen la evaluación inmediata del personal del SAF de Carballo, su cobertura preventiva mediante vacunación y reconocimientos médicos, y el establecimiento de un plan de actuación coordinado ante alertas sanitarias en el servicio para garantizar la protección real de las personas trabajadoras que atienden a la población más vulnerable, así como la depuración de responsabilidades por la actuación “negligente” en el SAF de Carballo tanto de la Administración como de la empresa concesionaria.