9º-19º
jueves | 18 abril | 2024
El jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, in a los fiscales a extremar la vigilancia para evitar los incendios, solicitándoles en concreto velar por que los ayuntamientos en cuyo término municipal haya superficie forestal dispongan de los planes preventivos correspondientes.
Según informó el Ministerio Público en un comunicado, también realizarán labores de control de los supuestos regulados para las comunidades, especialmente en los aspectos relativos a las quemas ilegales de rastrojos.
En un oficio dirigido a los fiscales delegados de esta especialidad, Vercher recalcó que la prevención de incendios “es una prioridad para la Fiscalía”, y reclamó “un mayor compromiso de todas las autoridades con competencia en la materia”.
El objetivo es que “los fiscales dispongan de la información precisa para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre estos siniestros y puedan coordinar la actuación de las instituciones competentes”.
A este respecto, recordó que “sigue vigente la iniciativa del Ministerio Público de indicar a administraciones, propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, e incluso campamentos situados en zonas forestales, la obligación de adoptar las medidas de prevención oportunas, ya que se trata de lugares con alto riesgo de incendio forestal”.
La Fiscalía esgrimió que “el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general hacen preciso extremar la vigilancia”.
En este sentido, señaló que en el primer trimestre de 2023 ya se produjeron 2.408 siniestros, dos de ellos grandes incendios con una superficie afectada de más de 41.000 hectáreas, sin incluir el ocurrido en Asturias.
Asimismo, apuntó que 2022 fue uno de los peores años desde que se tiene registro respecto a los efectos de los incendios forestales. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la superficie forestal afectada (267.939,64 hectáreas) casi triplicó la media de los últimos diez años (94.249,00 hectáreas). Por otra parte, destacó que el número de grandes incendios forestales (los que superan las 500 hectáreas), fue casi tres veces superior: 57 en 2022, frente a la media de los últimos 10 años(21).
La quema de rastrojos solo podrá permitirse en el entorno agrario o silvícola cuando estos residuos vegetales dispongan de la autorización de las autonomías, con el objeto de prevenir incendios forestales, advirtió la Fiscalía. “Un importantísimo número de los incendios forestales que da lugar a procedimientos penales se produce como consecuencia de este tipo de prácticas”, aseguró Vercher.
Además, recordó que este año, igual que en 2022, la Guardia Civil y otras fuerzas policiales tuvieron en cuenta situaciones con “importantes acumulaciones de restos vegetales en zonas de monte con presencia de combustible denso y continuo”. Por sus “singulares características”, como estado de abandono, existencia de estructuras vegetales frondosas, esos restos “pueden favorecer la propagación de incendios”.
