6º-17º
lunes | 29 abril | 2024
El colectivo de abogados, apoyados también por los procuradores, reivindica la dignificación del Turno de Oficio y de las Jubilaciones a través de manifestaciones y concentraciones convocadas simultáneamente en las principales ciudades gallegas, a las doce de la mañana.
Las reivindicaciones de los convocantes giran en torno a dos cuestiones principales, las condiciones del servicio del turno de oficio y las prestaciones sociales de los profesionales afiliados a la Mutualidad de la Abogacía.
Uno de los ejes de la protesta se centra en la reclamación, histórica para el colectivo, de una retribución del servicio público prestado en el turno de oficio. No solo las cuantías abonadas por cada intervención son manifiestamente insuficientes, sino que los abogados y procuradores vienen en la práctica desempeñando funciones que no son reconocidas en los baremos oficiales, pero que resultan necesarias para la adecuada defensa de los beneficiarios de este servicio.
A título ilustrativo, el profesional de la abogacía percibe de la Xunta de Galicia por llevar los pleitos más comunes cantidades que van desde los 253,62 € por un recurso contencioso-administrativo, una división de herencia o un divorcio de mutuo acuerdo, hasta 402,18 € por un procedimiento penal. Estos importes están muy por debajo de los precios de mercado. La asistencia a una diligencia de entrada y registro, que puede extenderse durante varias horas, se retribuye con 20,00 €, pese a que con frecuencia implica desplazarse a otra localidad. Trámites necesarios como las reclamaciones administrativas previas o instrucciones penales que deriven en sobreseimiento no están contempladas en los baremos ni por lo tanto se pagan. Y la disponibilidad por día completo de guardia tampoco se paga, desembolsándose solamente unas cantidades fijas en el caso de que durante la jornada se asista a algún detenido. La administración autonómica tampoco abona el seguro de los profesionales del turno de oficio, que deben atender la cobertura de su responsabilidad civil (que es obligatoria) mediante pólizas concertadas a través de sus propios colegios profesionales, es decir, pagadas por el propio colectivo de abogados y procuradores.
Pero las reivindicaciones no se limitan a aspectos económicos, sino a que se dote de dignidad a la prestación del servicio mediante el establecimiento de un Estatuto del Turno de Oficio que contemple y regule todos los aspectos de la prestación desde el punto de vista del profesional.
En relación con sus pensiones, los convocantes de la protesta denuncian la situación de abandono y precariedad a la que se ven abocados tras décadas de ejercicio, como consecuencia de la afiliación a la Mutualidad de la Abogacía. Con frecuencia, las pensiones resultantes no alcanzan los 500,00 € (en doce pagas y no actualizables según IPC, y sin prestaciones mínimas garantizadas), como consecuencia de las sucesivas modificaciones del marco normativo legal de la mutualidad. Así, lo que inicialmente se configuró como un sistema de previsión social obligatorio, progresivamente ha sido transformado en un seguro al estilo de los fondos de pensiones. Desde 1995, la pertenencia a la mutualidad es optativa, pudiendo los profesionales afiliarse al régimen de autónomos (RETA). Sin embargo, en todo momento la entidad mutualista, y los propios colegios de abogados, han aconsejado a los profesionales que permaneciesen en la mutua y no se afiliasen al RETA, seduciéndolos con la expectativa de prestaciones muy superiores y cálculos de rendimientos de la inversión que, en definitiva, se han demostrado falsos. Además de sentirse engañados, denuncian que sus fondos están atrapados, siendo imposible rescatarlos antes de la edad de jubilación e incluso consumiéndose con gastos de gestión para los profesionales que optan por afiliarse al régimen de autónomos. Los fondos aportados, por otra parte, no gozan de las garantías y protecciones propias de las entidades financieras y de seguro.
En este contexto, la Mutualidad se propone aprobar una reforma del sistema de aportaciones conllevará un incremento de las aportaciones inasumible para muchos profesionales, especialmente a la vista de las lamentables condiciones que les esperan a su jubilación.
A nivel nacional, y a través de diversos colectivos, se reclama que se regule una pasarela al RETA, esto es, la posibilidad legal de traspasar los capitales constituidos ante la Mutualidad de la Abogacía a la Tesorería General de la Seguridad Social, estableciendo su equivalencia en cotizaciones para el acceso a prestaciones dignas. También solicitan mejor tratamiento fiscal para el caso de rescate de los capitales constituidos en la mutualidad que en la actualidad tributan por encima del 30%. Además, que se garantice la posibilidad de continuar trabajando de manera compatible con el percibo de las prestaciones por jubilación.
En la presente semana, el BNG ha presentado sendas iniciativas parlamentarias sobre estos aspectos, que han recibido el voto favorable de los nacionalistas y del grupo parlamentario socialista, siendo sin embargo rechazadas por el voto contrario de los populares.
