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viernes | 19 abril | 2024
Miles de funcionarios de juzgados y tribunales se manifestaron este jueves en Madrid para reclamar al Gobierno que “reaccione” e inicie con ellos una negociación como la que permitió llegar a acuerdos de subida salarial con letrados judiciales, jueces y fiscales.
Tras más de un mes de movilizaciones promovidas por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, unos 20.000 trabajadores, según los convocantes, marcharon por el centro de Madrid, desde el Ministerio de Justicia
hasta la secretaría de Estado de Función Pública, para pedir la intervención de ambos departamentos.
“Es falso que (el Gobierno) esté ofreciendo diálogo y negociación. Desde el 24 de abril, siete días después de que empezara la huelga, no nos convoca a ninguna reunión, no ha puesto ninguna oferta sobre la mesa”, lamentó Luis Calero, de CCOO, quien se mostró dispuesto a reunirse “ahora mismo” con los Ministerios de Justicia y de Hacienda.
“Que reaccionen la ministra (de Justicia, Pilar Llop) y el Gobierno y nos convoquen inmediatamente a negociar”, pidió Calero ante los medios de comunicación minutos antes de comenzar la manifestación, que
duró un par de horas.
Sin embargo, con las elecciones municipales y autonómicas a apenas unos días, fuentes ministeriales dijeron el miércoles que no tenían previsto convocar a los sindicatos durante esta semana para negociar una salida al conflicto, en el que deben intervenir también las comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia.
De hecho, en el País Vasco los sindicatos mayoritarios ELA y LAB llegaron esta semana a un acuerdo con el Gobierno autonómico para desconvocar la huelga. La principal medida pactada es un aumento del 13% de los salarios de estos trabajadores en dos tandas, lo que permite la equiparación retributiva con el resto de funcionarios vascos.
Mientras, los trabajadores públicos de la Justicia del resto del territorio, unos 43.000 siguen llamados a la huelga y continuarán con movilizaciones como la de hoy en Madrid para pedir una oferta salarial “razonable” y participar en la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
Para el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, la LOEO es una “ley impuesta, que no se ha negociado con los representantes de los trabajadores y que, además, no ataca uno de los principales problemas: el reparto de las funciones”.
En esta línea, el secretario general de STAJ, Vicente Navarro Pérez, ha reprochado que los funcionarios hacen las “funciones por las que van a cobrar otros que no hacen nada”.
“Si hay para unos, hay para todos”, “No somos inferiores, somos trabajadores” y “Llop, dimite o sal de tu escondite” son algunos de los cánticos que han clamado funcionarios venidos de toda España, con pancartas y chalecos de los sindicatos, pitos, bocinas y algún disfraz.
Si no se atienden las reivindicaciones de los funcionarios, “el conflicto está lejos de acabar”, ha avisado Antonio Lozano, de UGT.
Mientras que los sindicatos hablan de en torno al 85% de seguimiento diario de la huelga, el Ministerio cifró este dato en el 31,55% en los territorios que no tienen transferidas las competencias de Justicia.
