18º-21º
miércoles | 2 julio | 2025
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) consideró que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento se produjo en “fraude de ley” y devuelve la causa contra éste y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al juzgado instructor.
A través de un auto, avala “el fraude de ley” que ya consideró la juez instructora de la causa, Beatriz Biedma, pues el proceso que derivó en la adquisición de la condición de diputado autonómico de Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento, se acometió para “eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia provincial”.
Sostiene el TSJEx que el proceso se llevó a cabo de forma “apresurada” a través de “un claro acuerdo de voluntades”, pues, además de la renuncia al acta de una diputada autonómica, hubo otras cuatro renuncias de personas que precedían a Gallardo en la lista del PSOE por Badajoz a la Asamblea de Extremadura.
Relata que el 19 de mayo de 2025 un notario se desplazó a la sede del PSOE regional donde estaban los cuatro candidatos de la lista, pese a que tres de ellos residen en diferentes localidades alejadas de Mérida. Allí, renunciaron a ser proclamados electos en “prácticamente una unidad de acto” y sin que aún hubiera renunciado la diputada que daba pie a un relevo de acta.
La Sala también aclara que en esta causa “poco hubiera importado cuándo se hubiera dictado finalmente el auto de apertura de juicio oral” a efectos de nuestra competencia”, en referencia a que el auto se emitió un día después del aforamiento de Gallardo.
Recuerda que Gallardo, tras ganar la secretaría regional del PSOE, manifestó que no adquiriría la condición de diputado para liderar la oposición en la Asamblea hasta que no terminara el procedimiento penal. “Es evidente que pudo hacerlo un año antes si su objetivo, como manifiesta en la actualidad, no era el aforamiento sino realizar la función de oposición en la Asamblea propia de su cargo orgánico en el partido”, agrega.
El 20 de mayo renuncia la diputada María de la Cruz Vegazo Rodríguez y, un día después, la Junta Electoral de Extremadura expide la credencial de diputado autonómico a Gallardo.
Por todo ello, el TSJEx entiende que el procedimiento para la sustitución de la diputada no se realizó conforme a la previsión reglada. Explica la Sala que no se trata de “una sobrevenida” adquisición de la condición de diputado, y, por ende, de la de aforado, y sí “una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz y la de la Audiencia de Badajoz”.
La Sala cree que “el automatismo en la efectividad procesal de los aforamientos tiene un evidente y peligroso riesgo”, como es un eventual aprovechamiento por quienes puedan estar bajo proceso penal promoviendo su nombramiento para adquirirlo con el fin de eludir o procurar la intervención de determinados jueces o tribunales.
El aforamiento “solo es constitucionalmente admisible cuando responde a una efectiva necesidad de asegurar la independencia y la libertad en el ejercicio de poderes y funciones de relevancia constitucional. No es una opción procesal ni responde a la preferencia de nadie a ser juzgado por uno u otro tribunal”, asevera la Sala.
Por su parte, el PSOE subrayó que el líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, es aforado y recordó que cabe recurso sobre la decisión adoptada por el TSJEx de no asumir su caso y devolverlo a la justicia ordinaria.
Fuentes socialistas no quisieron valorar esta decisión y se limitaron a recordar que tras recoger su acta en la Asamblea extremeña, Gallardo pasó a ser aforado y que sobre la decisión de este tribunal cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, Gallardo comunicó que no recurrirá la decisión, si bien su defensa considera que existen argumentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso.
