La demolición de las dos viviendas ilegales de Pedra do Sal es cuestión de semanas. El Concello de Carballo está a punto de adjudicar el contrato de las obras, una vez que la mesa de contratación propuso a Demoliciones Coruña para la adjudicación del contrato, decisión que está pasando por la revisión de Intervención desde finales de mayo. 

Tal y como informó este medio a mediados de abril, el proyecto de demolición de las viviendas nº 164 y 165  llega después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenara al Ayuntamiento en febrero de 2022 ejecutar los trabajos para reponer la legalidad urbanística en la zona. 

Según comprobaron los técnicos municipales que redactaron el proyecto de demolición durante la visita que realizaron al ámbito, una de las viviendas solo tiene finalizada la fachada pero no el interior, en donde solo están  ejecutadas las divisiones de los espacios con ladrillo.

No obstante, a la segunda vivienda no pudieron acceder “por oposición manifestada por un representante de la propiedad, si existía autorización para el acceso al entorno inmediato de las dos viviendas y a la urbanización circundante”. Esto impidió “constatar el estado interior de la vivienda nº165 aunque existen indicios de que está terminada y presenta todos los servicios necesarios para destinarla a uso residencial”. La falta de legalidad de estas viviendas que obtuvieron la licencia municipal en diciembre de 2002 radica en el hecho que están construidas en suelo rústico de protección de espacios naturales y de protección de costas.  Esta clasificación la tenían los terrenos tanto en las Normas Subsidiarias de los años 80, como en los planes xerales de 2003 y 2016, de allí que con el otorgamiento de la licencia municipal el Concello incurrió en un “vicio de nulidad radical”. 

Aunque la sentencia del alto tribunal gallego es de 2022, se trata, en realidad, de un proceso que se ha dilatado casi dos décadas, tiempo en el que el Concello y la Xunta han librado una batalla judicial por dirimir quién debe hacerse cargo de la demolición. El tribunal dio al razón a la Xunta y será la municipalidad quien asume los costes de los trabajos de demolición.