El BNG criticó el voto en contra del Partido Popular a su propuesta para suspender y revisar el proyecto de la línea de alta tensión (LAT) Bustelo-Meirama, que discurriría por siete municipios gallegos. El diputado nacionalista, Daniel Pérez, llevó esta semana al Parlamento una proposición no de ley en la Comisión 6ª con el objetivo de frenar una infraestructura que, en sus palabras, “prioriza intereses privados fronte ao benestar das comunidades afectadas e á protección do medio rural”.

El proyecto, actualmente en fase de información pública, contempla la instalación de una línea de 220 kV de tensión que se extenderá a lo largo de 38,5 kilómetros con 98 apoyos entre los municipios de Cabana, Coristanco, Carballo, A Laracha, Cerceda, Ordes y Carral. Pérez advirtió que el trazado previsto afecta a “zonas de especial conservación (ZEC), hábitats protexidos e actividades agropecuarias”, y pasa a menos de 100 metros de viviendas y núcleos rurales como Gontade o Quintáns, sin contar con estudios sanitarios sobre el impacto de los campos electromagnéticos o el ruido.

En su intervención, el parlamentario nacionalista alertó además de la proximidad de la línea a terrenos agrícolas, forestales e incluso a un centro de educación especial en Carballo, todo ello sin que la promotora justifique por qué no se han considerado alternativas como el soterramiento de la línea o el uso de infraestructuras ya existentes. “Descoñecen as alegacións veciñais e os informes que alertan do incumprimento da normativa de paisaxe e saúde pública”, reprochó Pérez al grupo del PP.

El BNG ha pedido que se aplique el principio de precaución y que se suspenda cualquier actuación mientras el parque eólico de Baralláns —cuya evacuación energética justificaría la LAT— se mantenga suspendido por orden judicial. La formación considera que la Xunta está promoviendo “un proxecto insostible e anticuado” y ha acusado al gobierno de Alfonso Rueda de “facer oídos xordos ás demandas territoriais”. Desde el Bloque se comprometen a seguir presionando “nas institucións e nas rúas” junto a los colectivos vecinales para impedir la ejecución del proyecto. Además, instan a estudiar otras posibilidades que no impliquen impactos tan severos en el territorio, como la reconfiguración del trazado, el soterramiento parcial o total de la línea o su conexión con otras infraestructuras de evacuación ya operativas.