El Concello camariñán ha enviado un escrito a la Consellería de Educación para solicitar una serie de mejoras en el servicio de transporte escolar para el municipio, incluyendo entre estas la gratuidad de los desplazamientos para el alumnado de Bachillerato.

En el texto firmado por la alcaldesa, Sandra Insua, se recuerda que llevan años pidiendo un aumento de líneas y frecuencias para los estudiantes de las etapas postobligatorias, y que aún no se ha producido. “En el año 2022 presentamos una moción donde instábamos a la Xunta a modificar la gestión del transporte escolar y a establecer la gratuidad para el alumnado de Bachillerato”, explica Insua.

Asimismo, la regidora asegura que el alumnado de Bachillerato de Camariñas que se desplaza al IES de Vimianzo se siente “discriminado”, ya que los estudiantes vimianceses sí que cuentan con autobús gratuito al poder aprovechar el servicio de la ESO, mientras que los de Camariñas tienen que pagar unos 85 euros al mes, lo que supone 170 euros mensuales en el caso de tener dos hijos.

La alcaldesa señala que a escasos 9 kilómetros de Camariñas, en Lexas, pasa un bus que podría ser una alternativa para los estudiantes, y, además, critica que “la falta de opciones de transporte adecuado lleva al aislamiento de nuestro municipio y fomenta el uso de vehículo particular, lo que tiene consecuencias negativas para la seguridad vial y la contaminación ambiental, además de generar un gran sobrecoste económico y un esfuerzo personal para las familias”.

Ante tal situación, el Concello camariñán demanda que se garantice el servicio de transporte escolar público para facilitar el acceso al sistema educativo público al alumnado de todas las etapas, tanto obligatorias como no obligatorias; que se revisen y modifiquen los horarios de las líneas de transporte para adaptarlos a los horarios lectivos más comunes del estudiantado de las parroquias del Concello de Camariñas que lo precisen, y establecer la gratuidad del transporte para el alumnado de Bachillerato, ya que el pago del mismo supone una medida económica discriminatoria entre los menores de edad.