La Justicia paraliza cautelarmente los parques eólicos de Coristanco y Santa Comba

La Justicia paraliza cautelarmente los parques eólicos de Coristanco y Santa Comba
Parque eólico de Fontesilva en Coristanco

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha paralizado de manera cautelar el parque eólico de Campelo, en los municipios de Coristanco y Santa Comba (A Coruña), aprobado por la Xunta a petición de Greenalia.
 
Un auto del 19 de septiembre de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, remitido este martes a los medios por la asociación ecologista Adega, suspende la ejecución de un acuerdo del Consello de la Xunta de noviembre de 2021.
 
El documento dice que la representación legal de la Xunta que no aporta "documento o dato alguno que avale la imperiosa necesidad de contar con el nuevo parque, ni siquiera por la incidencia que viene produciendo la menor entrada de gas con ocasión de la guerra de Ucrania".
 
Esto lleva al TSXG a "inclinarse" por "favorecer la protección del medio ambiente y, con ello, ordenar la suspensión cautelar interesada hasta tanto se decida el fondo del debate", una decisión contra la que cabe presentar un recurso de reposición.
 
En el proceso están personadas Adega y la Asociación Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que celebran el auto en un comunicado.
 
Explican que han solicitado las mismas medidas para los parques eólicos de Bustelo y Monte Toural (Carballo y Tordoia), que impulsa Greenalia, "empresa de la exconselleira -de Medio Ambiente- Beatriz Mato", añade.
 
"La impugnación judicial de las autorizaciones referidas se sustenta, en el caso de los tres parques, en la fragmentación artificial de los proyectos y en las irregularidades en cuanto al desarrollo de los trámites de información pública de los proyectos, reducidos a quince días y en los que no se pusieron a disposición de la ciudadanía los informes sectoriales correspondientes", explican.
 
La fragmentación se refiere al hecho de que en función de la magnitud de los proyectos, cambia el modo de tramitarlos, pues las entidades entienden que en este caso se ha buscado una magnitud menor de la real de cara a tener más facilidad para obtener las autorizaciones administrativas, una cuestión que se dirimirá judicialmente.
 
Los tres recursos interpuestos corren a cargo del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, una campaña promovida por seis entidades ecologistas "frente a la invasión eólica", añaden las asociaciones.

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