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viernes | 4 julio | 2025
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador contra una sexta aerolínea low cost, de la que no se ha desvelado nombre, por “posibles prácticas abusivas”, entre las que se encuentra el cobro por el equipaje de cabina.
La apertura de este expediente da lugar a un proceso que durará nueve meses para investigar las políticas de la compañía, tras lo que se determinará si es sancionable. La posible multa se calculará en base a los beneficios “ilícitos” obtenidos por estas prácticas, por lo que podría ser de entre 100.001 y un millón de euros o de hasta entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido en el caso de considerarse “infracciones muy graves”.
Las supuestas prácticas abusivas investigadas son el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de cabina, sobrecostes por reserva de asientos contiguos a menores o personas dependientes y omisiones engañosas de información o falta de claridad en los precios.
En agosto de 2023, Consumo abrió expediente a otras cinco aerolíneas por prácticas abusivas. Tras el cambio de Gobierno, en noviembre de 2024, el ministro, Pablo Bustinduy, resolvió con sanciones para todas ellas: Ryanair (107,7 millones de euros), Vueling (39,2 millones), easyJet (29 millones), Norwegian (1,6 millones) y Volotea (1,18 millones).
Las compañías presentaron recurso contencioso-administrativo contra esta decisión, lo que supone que las sanciones y obligaciones no son efectivas hasta que la justicia resuelva, un procedimiento aún activo y en el que se personó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El último avance es la suspensión cautelar de las sanciones a Ryanair, Norwegian y Vueling por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la espera de dictar sentencia. No obstante, condicionaron esta suspensión a la aportación de un aval bancario de 110 millones de euros para Ryanair y de 1,8 millones para Norwegian, cantidades que recogen el importe de la sanción y los intereses.
La Comisión Europea (CE) también inició en enero una investigación preliminar contra España por las multas, un diálogo “informal” en el marco del mecanismo ‘EU Pilot’, tras una denuncia por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas y Airlines for Europe. El Gobierno ya remitió la documentación, que los servicios de la Comisión están evaluando.
La decisión de Consumo tuvo réplicas europeas y, a mediados de mayo, la Organización de Consumidores Europeos anunció una denuncia ante la CE y la red europea de consumidores contra siete aerolíneas (EasyJet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair) por el cobro del equipaje de mano y pidió una investigación a escala de la UE de las prácticas del sector.
Por su parte, El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, reiteró este jueves la posición de su departamento tras anunciar la apertura del nuevo expediente sancionador contra la low cost, destacando que “nadie está por encima de la ley” y que “siempre” defenderá a los consumidores “donde y contra quien haga falta”.
