En España el 65% de los ciudadanos creen que una recomendación es más efectiva para encontrar empleo que el mejor currículo, según un sondeo de 40dB. De hecho, la trama Koldo colocó en empresas públicas a parejas, amantes y amigas, asesores…, según el informe de la UCO.
La práctica del enchufismo ocurre en todas las administraciones y viene de lejos. Hay una escena histórica que sintetiza el alma del caciquismo español. Ocurrió a comienzos del siglo XX cuando Natalio Rivas, político de la Alpujarra granadina recién nombrado ministro (1919), regresó a su pueblo natal. Al llegar, un paisano, hablando en nombre del vecindario, le gritó desde la plaza: “¡Natalio, colócanos a tós!”. Aquella frase, entre la súplica y la exigencia, cargada de ironía, condensa el espíritu de una cultura política basada, no en derechos universales ni en servicios públicos sólidos, sino en favores, lealtades y colocaciones personales.
Un siglo después, la escena es plenamente actual y podría repetirse sin maquillaje alguno porque España, más allá de los casos de corrupción, sigue arrastrando ese mismo modelo con rostros nuevos y estructuras más complejas. Cambian los nombres, cambian los partidos, pero no desaparecen las prácticas. El nepotismo y el enchufismo, otra forma de corrupción, no solo siguen presentes en muchas administraciones, es que se han normalizado.
Ejemplo señero es la Fundación andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) con 84 contrataciones sin procedimiento transparente, vinculadas a personas afines al poder político. Estos casos reflejan un sistema que reproduce desigualdades, vulnera el principio de mérito e ignora el derecho de toda persona a competir en igualdad de condiciones por un puesto público, lo que a todas luces es inaceptable.
Una administración pública democrática y socialmente comprometida no puede permitir que el parentesco o la cercanía política pesen más que el currículum. No puede consentir que se nombren asesores sin preparación, que se repartan contratos a dedo, que se usen instituciones como agencias de colocación para leales. Ni la izquierda ni la derecha pueden ser cómplices de un modelo clientelar que deja fuera del sistema a quienes tienen mérito y derecho a competir. La igualdad de oportunidades no es un eslogan, es un derecho.
Combatir el enchufismo no es solo una cuestión de ética institucional, sino una apuesta por un país más justo. Porque cada plaza otorgada sin criterio, cada asesor sin perfil, cada contrato dado a dedo, es una oportunidad robada a alguien que quizás sí estaba preparado, sí tenía vocación y sí confiaba en un sistema limpio.
Romper con esa cultura clientelar es una tarea pendiente de nuestra democracia. Y el primer paso es dejar de ver como “normal” lo que es profundamente injusto. Decir que no a los “colócanos a tós” no es elitismo, es justicia social.