El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un policía nacional contra la sanción que se le impuso por una pelea en comisaría, al considerar que se trató de una disputa privada.

Una resolución del 8 de octubre de 2024 del director general de la Policía había impuesto al agente una sanción de suspensión de funciones durante 40 días por una falta grave, la cual ha quedado anulada.

En la sentencia del 25 de junio que ha publicado este viernes el TSXG, los magistrados explican que el agente fue condenado en sentencia firme por un delito leve, por lo que para sancionarlo "se exige que la infracción penal dolosa cometida esté relacionada con el servicio".

Y añaden que "si la acción que se imputa está desconectada de ese servicio y no da lugar a ese perjuicio funcional, no concurre la exigida tipicidad".

La Administración, según consta en el fallo, hace derivar ese elemento de la relación con el servicio porque las dos personas que se agredieron mutuamente en 2022 eran miembros de la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar dentro del vestuario de la comisaría y la enemistad existente entre los inculpados tenía su origen en una cuestión de tipo profesional.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, sin embargo, subraya que "ni uno ni otro estaban de servicio", así como que la disputa "no se inició por un motivo relacionado con la prestación de servicio".

"Tampoco ha quedado demostrado que la conducta constitutiva de delito doloso haya perjudicado el correcto funcionamiento del servicio", indica el tribunal gallego.

La Sala entiende que el hecho de que el enfrentamiento haya tenido lugar en las dependencias policiales "constituye una circunstancia meramente accidental, como se deriva del hecho de que con anterioridad ya se habían producido encontronazos en la calle entre uno y otro".

Por ello, recalca que "se trató de una disputa puramente privada, sin relación alguna con el servicio", y que los hechos acaecidos "no están conectados con la relación de sujeción especial propia de los empleados públicos con la Administración, lo que refuerza la anterior conclusión de desvinculación con el servicio".

El TSXG considera que se ha vulnerado el principio de tipicidad, derivado del derecho fundamental a la legalidad sancionadora (artículo 25 de la Constitución española), y, en consecuencia, ha acogido el recurso y ha anulado la resolución administrativa impugnada.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo.