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domingo | 19 mayo | 2024
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido hasta ahora 42 autos de suspensión cautelar de autorizaciones administrativas y de construcción de 30 parques eólicos autorizados por la Xunta, de los cuales 27 han sido estimatorios, entre ellos seis que afectan a municipios de la Costa da Morte. Se trata de los parques Monte da Croa (Dumbría y Vimianzo), Meirama (Cerceda y Ordes), Monte Neme (Carballo y Malpica), O Cerqueiral (Cabana, Coristanco y Santa Comba), As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes) y Banzas (Outes, Mazaricos y Negreira).
El TSXG está centrando sus paralizaciones en cuestiones medioambientales, tras la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal Supremo (TS), en la que revocaba la anulación de la autorización del parque Corme G-3 (Ponteceso), al estimar el recurso de la Xunta y EDP Renovables. Con este fallo, el sector eólico consideraba que así se conseguía mayor seguridad jurídica y se abría la puerta a tumbar múltiples suspensiones realizada por el alto tribunal gallego, pero no ha sido así. El TSXG subraya que adapta sus criterios al fallo del Supremo, lo que implica descartar dos de las causas que tuvo en cuenta para anular algunas instalaciones, ambas relacionadas con el plazo del trámite de información pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental –antes de dictarse la autorización de los proyectos– y del acceso a los informes sectoriales por el público interesado en ese trámite.
Las paralizaciones más recientes han sido las de los proyectos de Meirama y Monte da Croa, dadas a conocer el viernes. Anteriormente, en marzo, eran suspendidos los parques de Monte Neme, O Cerqueiral y As Encrobas (Cerceda). Estas decisiones han causado satisfacción entre las asociaciones ecologistas y vecinales que presentaron alegaciones, pero no gustan ni al sector ni a la Xunta. Las últimas paralizaciones del TSXG (siete anunciadas el viernes en toda Galicia) han causado perplejidad en la Asociación Eólica de Galicia, ya que esos parques “cuentan con la perceptiva declaración ambiental favorable y el permiso de construcción”, afirma la asociación. “El tribunal gallego viene a decir que los procedimientos e informes realizados por la Xunta son ilegales”, apunta.
La Asociación Eólica considera que esta situación aboca “al aislamiento industrial” de Galicia, donde el consumo eléctrico ha caído un 36% en los últimos cuatro años. Las sucesivas paralizaciones judiciales, “que contradicen la resolución de otros tribunales autonómicos y la del Supremo”, unidas a “la cuestión prejudicial que ha planteado el TSXG al Tribunal de Justicia de la Unión Europea” “alargarán unos dos años más el estancamiento y el marasmo del sector energético”. En este contexto, considera que se da una situación por la que “será imposible implantar ni un solo parque eólico en Galicia”, que “acabará convirtiéndose en una comunidad autónoma de servidumbres, más que de servicios”. “Es una tragedia”, afirma.
Al respecto, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció ayer que la Xunta no se puede “quedar de brazos cruzados” y que recurrirá ante el Supremo”. “Es un problema de Galicia y de España”, puesto que si la comunidad gallega “no cumple en energías renovables”, el Estado tampoco y se acabará en “una situación de emergencia de energía”, afirmó. Vázquez ha señalado que la decisión de Galicia es “cumplir estrictamente la ley de evaluación ambiental” y que esperarán a que el Supremo decida y que, a partir de ahí, los parques eólicos se puedan “ir implantando” y también dejen “beneficios en el territorio”.
Mientras, asociaciones como Encrobas Viva celebraban ayer la suspensión cautelar del parque eólico Meirama. La entidad confía en que sea “solo un primer paso a la hora de reconocer los derechos de los vecinos ante los atropellos que se están cometiendo en la tramitación de distintos proyectos industriales”. Encrobas Viva, en representación de los residentes en esta parroquia de Cerceda, fue una de las entidades que alegaron contra este parque denunciando una fragmentado “fraudulenta” del proyecto en dos parques, el de Meirama y el de Encobras.
La entidad se congratula de que el TSXG “reafirme su compromiso” con la justicia ambiental y el respeto por los derechos de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a sus vidas de manera directa. Además, espera que la suspensión permita un análisis exhaustivo de las implicaciones de este parque y fomente “un diálogo amplio y participativo” entre todas las parque afectadas.
Con respecto a la tramitación de las plantas de hidrógeno, biogás e hidroeléctrica reservible proyectadas en Meirama, Encrobas Viva apunta que intentará frenar estas iniciativas en caso de que sean lesivas para el medio ambiente y para los vecinos. Sobre la planta de hidrógeno apunta que se prometieron más de 400 puestos de trabajo y que su construcción supondría 17 empleos. “Esta realidad es la demostración palpable de que se buscan beneficios económicos, totalmente ajenos a los intereses vecinales”, afirma la asociación, que añade que “choca de manera frontal con la declaración de la planta como proyecto industrial estratégico, una decisión que la asociación considera un insulto para el conjunto de la sociedad gallega”.
