Subirats dice que la nueva ley universitaria garantizará una inversión del 1% del PIB

La inversión pública en las universidades deberá llegar “como mínimo” al 1% del PIB de aquí a 2030, una exigencia que se incorporará al nuevo texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, según afirma el ministro de Universidades, Joan Subirats, que sugiere la vía del Tribunal Constitucional si se incumple este compromiso financiero.

“No me veo capacitado de presentar un proyecto de ley que pretenda ser novedoso y que sitúe a la Universidad española en el escenario de un cambio de época si al menos no viene acompañado de un 1% de inversión pública”, subraya el ministro de Universidades en una entrevista, quien sustituyó a Manuel Castells hace dos meses tras su renuncia al cargo por cuestiones de salud.

Actualmente, este porcentaje se sitúa en torno al 0,7% del PIB, que en conjunto del año 2021 ascendió a 1.202 millones de euros, un 7,2% superior al de 2020. El 77% de la financiación para las universidades procede de las administraciones autonómicas, el 6% del Estado y el resto de la captación de fondos que hacen las propias instituciones de educación superior.

Subirats opina que hay un problema de transparencia con el dinero que asigna la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, competentes en la materia y libres de decidir el destino de las cuantías ya que no son partidas presupuestarias con carácter finalista.

Sin embargo, “hay datos, evidentemente, de lo que se transfiere a las comunidades y lo que invierten en las universidades, por tanto puedes hacer un seguimiento” y comprobar quién está cumpliendo en ese sentido.

En caso de incumplimiento de dicho 1% del PIB, las universidades (a título individual o agrupándose) “pueden acudir al Tribunal Constitucional. El sistema normativo tiene sus elementos de protección y la idea de transparencia ayuda a que las universidades tengan una capacidad de exigencia en relación a su comunidad autónoma mayor que si no existiera esa capacidad”, explica.

Según el catedrático de Ciencias Políticas, que se jubiló en agosto pasado tras medio siglo de docencia e investigación en la Universidad, lo primero es que el Estado cumpla con ese compromiso del 1 % y, a partir de ahí, trasladarlo al resto. “Es una exigencia que yo me pongo y, por tanto, tendré que hablar con el Gobierno para que esto pueda incorporarse” al texto de la LOSU”, afirmó.