Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 en Níjar (Almería) por Ana Julia Quezada, volvió este miércoles al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería como perjudicada en la causa que investiga las supuestas amenazas proferidas desde prisión por la condenada. 

Tras ratificar su denuncia, pidió que se llegue “al fondo de esta cuestión” y reclamó medidas que le permitan sentirse “más segura”, ante una situación que le obliga, dijo, a vivir “con miedo” y a “no poder retomar de alguna manera mi vida”.

Ramírez presentó la denuncia el pasado 31 de diciembre tras recibir llamadas desde números ocultos y alertas indirectas sobre un posible deseo de represalia por parte de Quezada, quien cumple prisión permanente revisable en el centro penitenciario de Brieva (Ávila). 

Origen del enfado

El origen del enfado estaría relacionado con la paralización de un documental que la condenada pretendía grabar desde prisión. 

Ramírez señaló que, tras interponer la denuncia, comenzó a recibir nuevas llamadas en otro número de teléfono, algunas procedentes del extranjero, y explicó que, según varias fuentes que no se conocen entre sí, Quezada estaría molesta con ella. 

“A mí me llegan indicios de que puede manejar dinero, que tenía colaboración con funcionarios y con personas del exterior”, advirtió.

La madre de Gabriel explicó que ya no aparece en actos públicos y que intenta reducir al máximo sus salidas. 

La juez citó también como investigada a la pareja actual de Quezada, M.A.R.Q., a la que Ramírez ha aludido al afirmar que tiene “indicios de que no le caigo muy bien” y que podría tomar “represalias”.