9º-17º
jueves | 18 abril | 2024
El Estado deberá indemnizar con 12.000 euros a Florencio A.C., un pontevedrés de 75 años que estuvo 419 días en prisión acusado de haber matado a su esposa en Mos (Pontevedra) en 2015, crimen por el que fue absuelto casi dos años después.
Así lo determina la sentencia de la Audiencia Nacional, que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por el septuagenario, que había reclamado sin éxito al Ministerio de Justicia una indemnización de 60.000 euros.
Pedía 53,81 euros por día “por el daño que ocasiona el hecho de estar ingresado en prisión indebidamente” y casi 38.000 euros por el “daño moral” ocasionado por ser acusado de un delito tan grave y de alta alarma social, así como por la propia pérdida de su esposa.
Entre los argumentos del hombre para exigir esa indemnización, el hombre alegaba que haber sido acusado de ese crimen le supuso un “grave daño personal y moral” debido a la repercusión del caso en los medios de comunicación y por residir en una localidad pequeña. Destacaba también que le supuso un “conflicto familiar” con sus tres hijos, con los que rompió la relación hasta mucho después de la sentencia, que durante más de nueve meses tuvo que comparecer ante el juzgado y no tenía ni coche ni carnet.
Cuantía
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional concluyó que “dado el tiempo efectivo de privación de libertad y la gravedad del delito del que se le acusó”, resulta procedente fijar como indemnización la cantidad de 12.000 euros”.
Los magistrados señalaron que los daños morales “no podemos valorarlos diariamente, sino desde una perspectiva global” y que, en este caso, no se acreditaron “especiales razones de índole personal, familiar o profesional” que aumenten la indemnización correspondiente.
Florencio A.C. había sido detenido el 30 de diciembre de 2015 como presunto responsable de la muerte de su esposa, cuyo cadáver apareció en la vivienda familiar de Tameiga (Mos).
Ingresó en prisión al día siguiente acusado de un delito de homicidio y estuvo privado de libertad hasta el 21 de febrero de 2017. Nueve meses después, la Audiencia de Pontevedra le absolvió del crimen.
