En la refriega mitinera dijo el líder de la oposición que el presidente Sánchez representa un peligro para la democracia, una afirmación contundente que merece ser analizada más allá del eslogan. Así, a bote pronto, puede que no sea un “peligro” en el sentido literal, pero sí encarna una forma de ejercer el poder que dista mucho de los estándares democráticos que rigen en los países de nuestro entorno europeo.

Lo primero que llama la atención es huida del Parlamento al que acude forzado. El uso reiterado del decreto-ley como forma de gobierno redujo de manera notable la deliberación parlamentaria y esta práctica, aunque legal, cuando se convierte en norma y no en excepción, erosiona el debate político y debilita los mecanismos de control.

A esto se suma una preocupante tendencia a desdibujar los límites entre los poderes del Estado. La reforma de la judicatura que busca su Gobierno atenta contra la independencia judicial, contra la autonomía fiscal y dinamita el Estado de Derecho. La colonización de las instituciones, la eliminación de controles al Gobierno y la ley de amnistía pactada con sus socios, que no ocultan su propósito de quebrar el marco constitucional, cuestionan la misma separación de poderes, la igualdad de todos los españoles y alimentan la percepción de que el Ejecutivo utiliza las instituciones como herramientas al servicio de su supervivencia política.

En paralelo a lo institucional está la cuestión ética. Aunque el presidente no está personalmente imputado –por ahora– en causas de corrupción, su entorno familiar, el Fiscal General y sus dos secretarios de Organización del partido están señalados por una serie de presuntos delitos. La “reflexión” del propio presidente hace un año cuando investigaban a su esposa fue más un ejercicio de cálculo emocional que un gesto de búsqueda de transparencia y colaboración responsable con la justicia. Y en la comparecencia del jueves pasado, más que dar explicaciones y asumir responsabilidades, se vistió de actor para dar pena a los españoles.

Por mucho menos, líderes de la mayoría de los países del entorno europeo comparecen en sus parlamentos para dar explicaciones de forma clara, dimiten y dan la palabra al pueblo. Ellos respetan la democracia y lo hacen por cultura democrática. La ejemplaridad no se negocia y la confianza pública se conserva con hechos, no con gestos teatrales.

España no merece un estilo de gobernar que ningunea al Parlamento, desprecia y presiona a la justicia, relativiza la ética pública y nada en corrupción. No es mucho exigir un comportamiento democrático a quien accedió al Gobierno para regenerar la vida pública.

Tal vez el presidente no sea “un peligro” en sí mismo para la democracia, pero sí es un mal ejemplo. Tan mal ejemplo que ninguna democracia seria de Europa toleraría sus modales. De eso debería tomar nota.