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jueves | 2 mayo | 2024
La Xunta ha aportado más de 700.000 euros a los ganaderos para compensarles por los ataques del lobo en 2023 y la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, ha asegurado que el Gobierno central acumula dos años de retraso en la trasferencia de fondos a Galicia para abordar esta problemática.
Así lo ha indicado al visitar este sábado una explotación ganadera en el ayuntamiento de A Pastoriza (Lugo), donde ha señalado que la administración autonómica concedió el año pasado cerca de 1.150 aportaciones por un importe total de 713.000 euros para ayudar al sector agroganadero y paliar los daños causados por el lobo entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.
De esas ayudas, 17 superaron los 3.000 euros, según la resolución de las ayudas publicada esta semana por el Diario Oficial de Galicia (DOG).
A esas, se añaden otras 1.131 aportaciones por importe inferior que supusieron una inversión total de algo más de 644.000 euros.
La provincia de Lugo fue la que más ayudas recibió ya que registró más daños por el lobo, con un total de 625 expedientes aprobados y un presupuesto de más de 384.000 euros.
La provincia de Ourense contabilizó 277 aportaciones (por importe de cerca de 150.000 euros), la de A Coruña 204 (más de 157.000 euros) y la de Pontevedra 42, con algo más de 21.500 euros concedidos.
Además de estas aportaciones, la Xunta puso este año a disposición del sector agroganadero más de 1,9 millones de euros en ayudas para adoptar medidas con las que prevenir los daños del lobo, como protectores y defensores del ganado, pastores eléctricos, cercas móviles o la contratación personas cuidadoras de ganado extensivo.
Vázquez ha asegurado que Galicia acumula dos años de retraso en la transferencia de fondos por parte del Gobierno central para prevenir y compensar los daños causados por el lobo, con el consiguiente agravio para el sector ganadero gallego afectado.
Según ella, los fondos de 2023 aún no fueron repartidos y los de 2022 -año en el que el Ejecutivo central excluyó a la comunidad del reparto entre las autonomías- dependen del recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta "contra la decisión del Gobierno central de bloquear esos fondos de manera unilateral y totalmente arbitrario".
