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Legitimidad ante un presunto delito

Jordi Cuixart | EP

En Naciones Unidas tienen que romperse la caja con ciertas situaciones como que el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ahora preside una rama de la entidad, Òmnium Civil Rights Europe, ha pedido a la ONU su “intervención” para esclarecer el caso de espionaje a independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus, ante la “inacción” de España. A nadie con dos dedos de frente le sorprende que las fuerzas de seguridad del Estado se hayan empleado a fondo en hacer un seguimiento de aquellos elementos que han intentado saltarse la Constitución rompiendo todas las reglas habidas y por haber. De hecho, los tribunales ya han dado buena cuenta de lo sucedido y hay condenas firmes, que luego por política se quedan en casi nada, porque los gobernantes de turno están más interesados en mantenerse en el poder a costa incluso de tener el apoyo de aquellos que quisieron romper el orden constitucional. O sea, nada raro que el Estado vigile a potenciales enemigos.

Legitimidad ante un presunto delito

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